Si bien 23 naciones ajustaron su legislación que permite la inclusión económica de las mujeres, un estudio del Banco Mundial reveló que unas 2400 millones de ellas en edad laboral, no tienen las mismas oportunidades económicas que los hombres.
Las estadísticas reflejan que 178 países mantienen barreras legales que le impiden a las mujeres ser parte activa de la economía, 86 Estados tienen alguna restricción laboral y 95, no garantizan la igualdad.
Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, dijo que “si bien se han logrados avances, a nivel mundial la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es de USD 172 billones, casi dos veces el producto interno bruto (PIB) anual del mundo”.
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El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022 del Banco Mundial mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres en 190 países
Destacó que “a medida que avanzamos hacia un desarrollo verde, resistente e inclusivo, los gobiernos deben acelerar el ritmo de las reformas legales, para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y beneficiarse de manera plena y equitativa”.
Carmen Reinhart, Vicepresidenta Sénior y Economista en Jefe del Grupo Banco Mundial, indicó que “las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar”.
Dejó claro que “eso implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones”.
En América Latina y el Caribe, las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres. De las 32 economías de la región, dos promulgaron reformas el año pasado.
Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Solo la mitad de las economías de la región garantizan algún tipo de licencia remunerada para los padres.
