La industria pesquera del Archipiélago de San Andrés y Providencia está preocupada por la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la demanda de Nicaragua a Colombia.
Las consecuencias se sentirán el 30 de junio, cuando el Gobierno de Iván Duque haga el decreto correspondiente.
La Haya falló a favor de Nicaragua y dijo que Colombia «violó los derechos soberanos y jurisdiccionales», por lo que debe «cesar de inmediato sus operaciones de patrullaje, pesca e investigación marítima en las aguas de la zona económica exclusiva de Nicaragua».
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La decisión del tribunal de La Haya responde a la querella que Nicaragua presentó en noviembre de 2013 por presuntas violaciones de Colombia de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
En esa ocasión, Nicaragua imputó a Colombia de incumplir la sentencia de 2012 en la que la Corte Internacional de Justicia marcó los nuevos límites marítimos entre los dos países.
El secretario de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Archipiélago, Randy Manuel Henry, informó a Portafolio, que «ahorita mismo estamos en vela, hasta el 30 de junio. De acuerdo a eso, lo que va a establecer de acuerdo al decreto que se va a implementar tal vez nos dará un índice para tener en cuenta qué es lo que va a pasar de acuerdo a este fallo que se aplicó hoy (ayer) en horas de la madrugada».
El archipiélago se localiza a unos 800 kilómetros de la costa noroeste de Colombia y a 240 kilómetros de la costa nicaragüense. Además de la soberanía de estas islas y varios cayos, la disputa entre Colombia y Nicaragua incluye un área de 50.000 kilómetros de aguas pesqueras.
