Un grupo de economistas, psicólogo y sociólogo de Venezuela solicitó al régimen de Nicolás Maduro mediante un comunicado, publicar las cifras reales sobre indicadores económicos y sociales.
Los economistas Ronald Balza, José Guerra, Rodrigo Cabeza, Edison Morales; el psicólogo Rafael Angulo Yustin, y la sociólogo Morelba Brito, quienes representan a varias universidades e instituciones, firmaron el documento publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Ellos piden la publicación de la Ley de Presupuesto, las estadísticas fiscales y demás cifras elaboradas por los distintos entes del Estado.
«De acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a solicitar información y a obtener respuesta oportuna por parte de los funcionarios públicos e igualmente el artículo 58 nos confiere el derecho a obtener información veraz y oportuna», aclararon.
Desde el 2016, la administración socialista no publica datos, violando los 313 y 314 de la Constitución.
«Sin la publicación en la Gaceta Oficial no existe ley de presupuesto válida y por ello los funcionarios a cargo de la Administración Pública presumiblemente han estado incursos en actos reñidos con la ley», señala el texto.
Destacaron la Ley de Presupuesto 2022 de Venezuela, que aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial, aún cuando fue promulgada el 14 de diciembre pasado
«Solamente se pudo conocer su Exposición de Motivos la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas», señalaron.
Las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, los resultados de la actividad económica (PIB) están hasta el primer trimestre de 2019 al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza hasta 2013.
«Esta situación constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas», concluyeron los especialistas de Venezuela.
