Las invasiones y la anarquía irrumpen de nuevo el campo venezolano, según reportes de las asociaciones que agrupan al gremio de productores, una medida que fue promovida por el expresidente Hugo Chávez, cuando permitió que los terrenos “sin uso” podrían ser destinados a familias de escasos recursos, pero con “buenas” intenciones de labrar.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas (AsoBarinas) durante una asamblea de productores realizada en la cuna de Chávez, exigieron al Estado venezolano actuar de forma contundente contras las ocupaciones ilegales.
Armando Chacín, presidente de Fedenaga, lamentó que el conflicto de la tierra persista en la actualidad, por cuanto afecta a la producción nacional.
Los productores venezolanos seguirán insistieron en que se resuelva el problema hasta que exista un amparo efectivo a favor de quienes garantizan los alimentos al pueblo.
Cientos de personas han sido víctimas de abigeato e invasiones, incluso, de extorsiones por parte de funcionarios “para hacerse de lo que no es de ellos”.
“Paz sin justicia no existe (…) cómo podemos hablar de paz, si no hay justicia”, reflexionó Chacín.
Fedenaga recordó que en medio del proceso de Diálogo y Reconciliación Nacional presentaron ante la Asamblea Nacional la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, con la vista puesta en la reducción de los conflictos del campo
“No son delitos comunes lo que está pasando, están atentando contra la producción de alimentos y contra un país que bastante golpeado está”, indicó.
Queman fincas
El presidente de AsoBarinas, José Labrador, informó en el encuentro que llevan más de cuatro años lidiando contra los atropellos a las familias productoras en la región llanera.
“Se metían en una finca, atacaban el productor, le quemaban la finca, le robaban los animales, les destruían las máquinas operativas y después denunciaban la tierra como ociosa”, destacó.
La situación ha provocado una disminución de la cantidad de tierras sembradas, que pasó, por ejemplo, de 70.000 hectáreas de maíz a 8.000, una disminución de casi un 90%.
“Hoy queremos decir al Estado que esos productores aún tienen voluntad de trabajar, restitúyanle sus derechos”, agregó.
