La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el jueves una nueva actualización oral sobre la situación de los DDHH en Venezuela.
Tras la última actualización de Bachelet en septiembre del año pasado, su oficina documentó 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, contando entre ellos la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas.
Certificó además 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes estatales desde su última puesta al día.
Por ello, instó “fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela”.
A estos sucesos, añadió el cierre de ocho estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que por lo menos otros 13 casos similares fueron reportados por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación.
“El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes, y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas”, destacó.
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En particular, mostró su preocupación por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Aunque dos de sus miembros ya fueron puestos en libertad condicional todavía siguen enfrentándose a cargos penales. El director de la Organización, Javier Tarazona, sigue detenido y destacó que “su salud parece deteriorarse”.
Bachelet ve pasos prometedores
Durante una actualización oral que analizaba la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que algunas iniciativas de reforma abren nuevas oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos.
“La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores”, dijo Bachelet al Consejo de Derechos Humanos.
También destacó como positivas las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, ya que “están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa”.
Además, Bachelet observó que, desde septiembre de 2021, agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos emblemáticos, entre ellos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
“Estos son pasos en la dirección correcta, pero aún queda más por hacer”, indicó Bachelet antes de comentar que su Oficina sigue observando desafíos al debido proceso, incluido el derecho a la libertad y al juicio sin demoras indebidas, y el acceso a una defensa de propia elección.
Por ejemplo, entre los casos individuales planteados por su Oficina a las autoridades desde septiembre de 2021, 18 personas fueron liberadas, al menos seis personas permanecen bajo detención, y que por lo menos 22 pidieron su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención.
Entre los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria indicó que todavía hay 12 personas siguen detenidas.
“Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad; y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas. Las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada. Mi Oficina ha estado llamando regularmente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos”, alertó Bachelet.
