La Casa Blanca rechazó la decisión de un juez federal en Luisiana que frenó la suspensión del Título 42, el cual sería derogado el 23 de mayo luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaran su levantamiento.
La Administración demócrata condenó la decisión del juez Robert Summerhays y anunció que el Departamento de Justicia apelará el fallo, el cual argumenta que el Gobierno federal no siguió los procedimientos legales para poner fin a la medida.
La decisión de Summerhays impide a los CDC poner fin a la política del Título 42, bajo la cual los migrantes son expulsados al ingresar ilegalmente por cualquiera de las fronteras terrestres por el alto riesgo para la salud pública por la pandemia de covid-19.
De acuerdo con la Casa Blanca, “la autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito”, pese a esto, acatará la norma hasta que el Departamento de Justicia apele y se dicte una nueva decisión.
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“Esto significa que los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos estarán sujetos a la expulsión según el Título 42, así como a consecuencias migratorias como la expulsión según el Título 8”, señaló el Gobierno de Joe Biden.
El levantamiento del Título 42 ha sido rechazado por varios estados del sur, entre ellos Luisiana y Misuri, que demandaron detener la derogación, alegando que la Casa Blanca no llevó a cabo el proceso de notificación y comentarios requerido por ley, lo que impide a los Gobiernos locales prepararse para la reapertura total de las fronteras.
El Departamento de Seguridad Nacional está preparándose para instaurar nuevas políticas en las fronteras luego de que la norma, vigente desde 2020, sea derogada, y es que se estima que suspender el Título 42 resultará en el ingreso de hasta 18 000 migrantes por día y 540 000 en tan solo un mes.
