“Como pastores del Pueblo de Dios, nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos que se presentan en diversas instancias de nuestro país, como las familias, las instituciones sociales, educativas, culturales y religiosas”, afirmó la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.
Las declaraciones surgen dos semanas después que se diera a conocer a través de una investigación de The Washington Post que reveló que sacerdotes condenados en el país por delitos de abuso sexual infantil regresaron, presuntamente, al ministerio.
El texto, leído en rueda de prensa por el monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal y Primer Vicepresidente de la CEV, afirma que “los abusos sexuales, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles”.
Además lamentan que “miembros de la Iglesia hayan cometido estos abusos provocando profundas heridas en la vida de las víctimas”.
Asimismo indican que la Iglesia en Venezuela “consciente de la gravedad de estos hechos y de acuerdo con las directrices y normas establecidas por los últimos Papas, ha recibido, en las diócesis, las denuncias que se le han presentado”, por lo que “han procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial; y ha sancionado a sacerdotes y otros miembros de la Iglesia a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos”.
En el comunicado, además informan que el episcopado venezolano se ha comprometido “a hacer de nuestras instancias de Iglesia lugares seguros para todos”, por lo que realizan diversas iniciativas para la formación de los agentes de pastoral sobre cultura de buen trato y prevención de abusos.
Investigación al clero
Al menos 3 sacedortes condenados por abuso sexual en Venezuela siguen ejerciendo funciones dentro de la Iglesia católica, según una investigación publicado por The Washington Post, y firmado por la periodista Ana Vanessa Herrero.
El diario estadounidense habría examinado 10 casos de denuncias por abuso sexual infantil entre 2001 hasta 2022 por parte del clero, donde concluyó que algunos sacerdotes acusados fueron liberados antes de tiempo, o no cumplieron prisión.
