El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó varias solicitudes para estudiar un posible referéndum revocatorio a Nicolás Maduro, en una decisión inesperada que, en cualquier caso, dependería en un primer momento de una masiva recogida de firmas.
El 10 de enero se cumplió la mitad del actual mandato de Maduro, que ascendió al poder hace ya dos años, después de unas elecciones consideradas ilegítimas por la mayoría de la oposición interna. Superado ese simbólico umbral, la Constitución contempla el cese del poder ejecutivo mediante consulta.
Varios movimientos trasladaron su petición formal de un referéndum revocatorio ante distintas oficinas del CNE, órgano controlado por el chavismo, sorprendió autorizando sin demoras el “inicio de procedimiento para una eventual activación” de dicha consulta.
El CNE dio curso las peticiones presentadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta, si bien se trata de un trámite inicial que ahora queda expensas de futuros pasos.
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La Junta Nacional Electoral debe ahora elaborar un calendario de recogida de firmas, ya que la Constitución establece que la activación final del referéndum revocatorio requiere que así lo exijan el 20% de los electores inscritos en el registro electoral.
Llegado el caso de que se celebrase la consulta, Maduro sería cesado si votan contra él más personas de las que lo apoyaron en 2018 -unos 6,2 millones- y la participación supera el 25%.
En el año 2016 la oposición ya intentó poner en marcha una consulta sobre la gestión de Maduro, pero el CNE paralizó la recolección de firmas tras la adopción de medidas cautelares en tribunales regionales por las denuncias sobre presunto fraude en el proceso. La Constitución sólo contempla un referéndum revocatorio por mandato.
Los principales líderes opositores no se han pronunciado sobre esta nueva vía que se abre, en un momento en el que son más que evidentes las grietas internas sobre el camino a seguir para tratar de expulsar al chavismo del poder.
Los comicios regionales y municipales de 2020 supusieron un punto de inflexión, ya que por primera vez en cinco años incluyeron participación opositora relevante.
De hecho, gran parte del discurso opositor de estos últimos años se ha cimentado en torno al hecho de que Maduro no sería presidente legítimo de Venezuela, un estatus que la oposición sí le concede a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Revocar su mandato por los medios constitucionales podría verse desde el chavismo como una forma de reconocimiento encubierta.
