La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una oficina en Caracas mientras mantiene una investigación por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales, informaron el fiscal jefe, Karim Khan y Nicolás Maduro.
“Las partes han acordado (…) que mi fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir mis responsabilidades”, dijo Khan en una declaración con Maduro.
El fiscal destacó que la oficina constituye “un paso significativo que va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma”, siendo resultado palpable de un debate franco y fructífero.
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CPI y la asistencia técnica
Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, puntualizó que la Fiscalía de la CPI “cuenta con asesores especiales en Venezuela que podrán proporcionar asistencia técnica para facilitar la transferencia de conocimiento, profundizar y fortalecer nuestras alianzas, así como identificar distintos ámbitos a nivel institucional” no solo para garantizar la aprobación de leyes, sino su plena ejecución y aplicación.
Al respecto, Maduro subrayó que el mecanismo de asistencia técnica “nos va a permitir un nivel de diálogo más eficiente que permita que el Memorándum de Entendimiento siga su curso, siga su desarrollo”.
Según lo que informaron se concederán visados de múltiple entrada a miembros de la Fiscalía de la CPI en aras de “que podamos acceder de forma sencilla a Venezuela”, al tiempo que se reforzó el compromiso “con debates entre nosotros, con intercambios con el Presidente, la Vicepresidenta y otras autoridades”.
La CPI abrió en noviembre pasado una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Maduro para que el país adoptara “medidas” para garantizar “la administración de justicia”.
Había iniciado un examen preliminar efectuado en 2018 por la actuación de militares y policías en el control de protestas que dejaron un centenar de muertos en 2017.
