La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la petición del gobierno de Nicolás Maduro de responder a un reciente informe en el que víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela expresaron sus preocupaciones.
Los jueces de la CPI argumentaron que los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitirles determinar la procedencia de conceder una autorización para responder.
El régimen alegaba que el informe de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la CPI (VPRS) planteaba nuevas cuestiones que no pudieron haber anticipado razonablemente. Argumentaba que podía ser que los hechos no hubiesen sido reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que haría necesario que el régimen “responda en detalle cada uno de esos alegatos”.
Rechaza petición
Los jueces argumentaron que la respuesta de un Estado al informe de las víctimas no está prevista por el marco jurídico de la CPI en esta etapa.
“Esta presentación, en sí misma, no es lo suficientemente precisa como para permitirle a la Sala determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas que Venezuela desea proporcionar”, expone un punto de la decisión.
Precisa que no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en el procedimiento y anunció que ahora procederá con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación que deberá hacerse pública en las próximas semanas
“En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir ninguna información adicional de Venezuela ni de ningún otro participante en este procedimiento”, consideró.
Por último, sentenció que “habiendo recibido todos los escritos pertinentes, la Sala procederá a analizar la solicitud de reanudación de la investigación y a tomar una decisión al respecto”.
Táctica dilatoria
Para la organización no gubernamental Provea, la solicitud del régimen de Maduro carecía de posibilidades de éxito y se trataba de una táctica dilatoria para retrasar la decisión de los jueces sobre la reanudación de la investigación en el caso Venezuela I por crímenes contra la humanidad.
