La manifestación de este lunes será una de las más grandes movilizaciones opositoras en Cuba, poco más de dos meses después de las mayores protestas de los últimos años en la isla. La oposición denunció un aumento de la represión por parte del régimen, que a su vez cuestiona la supuesta instrumentalización política de las marchas y el papel en la sombra que tendría Estados Unidos.
La protesta estaba convocada inicialmente para el 20 de noviembre, pero los promotores, aglutinados en el movimiento Archipiélago, decidieron adelantarla cinco días luego que la dictadura anunciara en los días previos a la manifestación una serie de maniobras militares —rutinarias, según el régimen—.
Entre las exigencias que aspiran a exponer en las calles figuran reclamaciones en pro de la liberación de los “presos políticos”, el inicio de un diálogo que permita resolver la “crisis política, económica y social” y críticas contra la violencia atribuida al régimen cubano en las protestas de julio.
No obstante Archipiélago se topó con el “no” de la dictadura. El Consejo de Administración de la Habana Vieja respondió a la solicitud con una negativa, alegando que los promotores tienen lazos con Estados Unidos y “la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, según la nota difundida por la prensa oficial.
Los convocantes, sin embargo, decidieron mantener su Marcha Cívica por el Cambio para hacer frente al “autoritarismo”. En este sentido, llaman a la población a sumarse a las concentraciones, no solo con marchas por las calles sino también con gestos simbólicos como una cacerolazo a las 20:00 (hora de Cuba).
Archipiélago denunció presiones a sus miembros durante estas últimas semanas, incluidas citaciones ante las oficinas de la Fiscalía en las provincias donde se ha planteado convocar la manifestación. El movimiento alertó que el “rostro dictatorial” del régimen se ha traducido en interrogatorios, amenazas y “hasta expulsiones laborales”.
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Miguel Díaz-Canel, mientras tanto, defendió su veto frente a la “provocación contrarrevolucionaria” que se avecina, como la tildó. En este sentido, durante semanas y de forma pública, la dictadura cubana se esfuerza tanto por justificar el rechazo a la manifestación como por alertar de los supuestos intereses ocultos.
Para el Ministerio de Exteriores cubano, quienes buscaron “el fracaso del socialismo” con las protestas del 11 de julio “andan frustrados y apurados en sus planes”, por lo que conspiran con “acciones desestabilizadoras” con vistas a “provocar el incidente que desemboque en el estallido social que propicie la anhelada intervención militar”.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió el miércoles a Estados Unidos de que no permitirá la “agresión persistente” contra la isla ni sus “intentos de alterar la tranquilidad ciudadana y dañar la paz social”. Para el canciller, se trata de una “agresión” organizada “desde el exterior” y en la que se emplean “agentes internos”.
La Habana mira hacia La Casa Blanca como instigador último de estos nuevos desafíos. Considera probado que hay vínculos de los convocantes con Estados Unidos y que está en juego la supervivencia de la ‘revolución’ iniciada por Fidel Castro, en un momento en el que el régimen cubano reconoce que la isla atraviesa dificultades económicas.
La eliminación de la dualidad de divisas y la escasez de productos, agudizada por las restricciones para contener la pandemia de la covid-19, contribuyen a que la inflación se dispare. Los precios en el mercado informal han aumentado en diez meses un 6.900%, como reconoció el régimen cubano.
