El excongresista republicano David Rivera, detenido el pasado 5 de diciembre, aún no ha sudo procesado por la justicia norteamericana.
Las autoridades estadounidenses lo arrestaron en Atlanta por una investigación sobre un contrato de asesoramiento que firmó con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela por 50 millones de dólares.
Se le acusa de trabajar ilegalmente como «agente extranjero» del gobierno de Maduro en EE UU.
El periodista de la Associated Press Joshua Goodman publicó en su Twitter que un fiscal llamó al caso contra el imputado “purgatorio procesal”. Escribió también que “no puede contratar a un abogado a menos de que el Gobierno levante un gravamen sobre su casa. Los fiscales quieren que demuestre que no puede pagar de otra manera”.
Investigación contra Rivera
Las investigaciones realizadas por EE UU aseguran que el exfuncionario participó en una “conspiración para hacer lobby a favor del gobierno de Maduro”, aparentemente para mejorar las relaciones bilaterales, solucionar una disputa entre Miraflores y una petrolera estadounidense y dar fin a las sanciones impuestas por Washington.
El acta acusatoria menciona reuniones que Rivera habría organizado en Washington y Nueva York, entre otros lugares, con senadores, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca, ninguno de los cuales fue identificado.
La acusación estipula que todas estas acciones las realizó sin supuestamente registrarse como agente extranjero, y que, a cambio, Rivera firmó un contrato en 2017 con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por US$ 50 millones.
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Según detalla el diario estadounidense Miami Herald, la compañía petrolera contrató a Rivera para una costosa campaña de relaciones públicas que mejoraría la imagen negativa de la firma venezolana en EE UU.
En pocos meses, Interamerican Consulting, la empresa de Rivera, recaudó 20 millones de dólares de la filial estadounidense de Venezuela, PDV USA, pero su contrato de 50 millones de dólares terminó rápidamente cuando lo acusaron de hacer poco trabajo, según una demanda civil en Nueva York.
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA (USD$13 millones) a tres subcontratistas de Miami.
