La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó el lunes la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández a Estados Unidos.
Hernández, de 53 años de edad, dijo en una carta pública que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración”. “Estoy seguro que Dios me hará justicia”.
El pasado 17 de marzo, el juez hondureño Edwin Ortez ya aprobó la extradición del exmandatario, una decisión que fue recurrida por la defensa de Hernández y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Cargos que sustentan extradición
La justicia estadounidense acusa a Hernández de tres cargos que habrían sido cometidos desde 2004 a 2022. Uno es por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”.
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Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.
Otro cargo es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Sin embargo, para entender el desenlace, que terminará con la extradición formal del exmandatario hondureño hacia Estados Unidos en las próximas horas, nos debemos remontar hasta el 7 de febrero, cuando tan sólo tres semanas después de que Hernández cediera el testigo presidencial a su sucesora, Xiomara Castro, el Departamento de Estado de EE. UU. desclasificó un documento que lo incluía en una lista de políticos corruptos con comportamientos antidemocráticos.
