Florida y otros 13 estados están exigiendo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que renuncie a su cargo, puesto que “su liderazgo fallido está provocando un desastre en la frontera suroeste y pone a la nación al borde de una crisis de seguridad nacional”.
La petición, encabezada por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, condena la gestión de Mayorkas y lo acusa de incumplir con las funciones del cargo que le competen.
“Al negarse a hacer cumplir las leyes federales, incluida la deportación de delincuentes y el mantenimiento del orden en la frontera, ha puesto a Estados Unidos y a nuestros respectivos estados al borde de una crisis de seguridad nacional”, afirmó.
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En una carta enviada al alto funcionario estadounidense, Moody lo responsabilizó de la agudización de la crisis de los opiáceos, alegando que debido a las laxas políticas de inmigración los cárteles y traficantes de drogas pudieron entrar sin problemas al país.
“Los únicos individuos que están más seguros gracias a nuestro secretario del DHS son los cárteles de la droga y los traficantes de personas. El secretario Mayorkas debe admitir su fracaso en lograr la misión básica de esta agencia y renunciar de inmediato“, sentenció.
Moody dijo que desde que Mayorkas está en el cargo también se disparó el ingreso de delincuentes sexuales, un 213% más que el año anterior.
“Dadas sus políticas ilegales de captura y liberación, nos quedan muchas otras preguntas sin respuesta, como cuántos niños están siendo traficados ahora en nuestras comunidades y cuántos delincuentes sexuales ahora merodean por nuestras calles”, cuestionó.
Política “capturar y liberar”
Desde el año pasado, Florida emprendió una batalla legal en contra la Administración de Joe Biden por por violar las leyes federales de inmigración y liberar a miles de indocumentados sin el debido proceso migratorio.
El estado alega que cientos de los inmigrantes indocumentados que el Gobierno federal libera mientras procesa sus peticiones de asilo o de residencia llegan rápidamente a Florida.
Como consecuencia, obliga al estado a incurrir en gastos millonarios que no están en el presupuesto, sumado al incremento de crímenes cometidos por parte de esta población.
Además de la fiscal estatal floridana, sus colegas en Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Louisiana, Missouri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental firmaron la petición.
