Esta decisión del mandatario, utilizando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo. La “muerte cruzada” permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y cuando -a su juicio- el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.