Pocos avances se han producido desde que hace seis meses iniciaran las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la Paz Total.
Los avances se han visto disminuidos por los continuos ataques contra las fuerzas de seguridad colombianas, el reclutamiento de menores y la incapacidad para alcanzar un alto el fuego amenazan el ambicioso plan de paz del presidente Gustavo Petro.
Un extenso trabajo de investigación publicado en InSightcrime.org hace hincapié en que desde que Petro llegó al poder en agosto de 2022, ha dado un giro radical a la política de seguridad de Colombia, “buscando conversaciones con todos los grupos criminales, ya sean paramilitares, guerrilleros o totalmente centrados en el narcotráfico u otras economías criminales”.
Y agrega: “Hay que reconocer que el gobierno no ha eludido la monumental complejidad de semejante tarea. Garantizar la paz total significaría encontrar la manera de convencer a los grupos de que se desmovilicen, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las ex-FARC Mafia, una red de grupos armados con conexiones poco sólidas que se negaron a unirse a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las poderosas aunque fragmentadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo o Gaitanistas, y un puñado de bandas y facciones más pequeñas”.
Asimismo el texto destaca que cada uno de estos grupos representa “su propio reto, pero quizá ninguno más que el ELN. Negociar con el ELN es buscar romper con décadas de estancamiento y frustración, que se remontan a 1975. Las últimas negociaciones terminaron en enero de 2019, cuando el ELN hizo estallar un carro bomba en una academia de policía en Bogotá, matando a 23 personas”.
Las últimas conversaciones comenzaron en noviembre de 2022, con Brasil, Chile, Cuba, México, Noruega y Venezuela como países garantes. Seis meses después, las conversaciones no han sido fáciles.
InSight Crime analiza los acontecimientos que han amenazado con descarrilar el proceso hasta la fecha:
El cese no acordado
El 31 de diciembre de 2022, cerca de la media noche, el presidente Gustavo Petro recibía el año nuevo publicando en su cuenta de Twitter que el gobierno había llegado a un acuerdo de cese bilateral al fuego con varios grupos como las disidencias de las ex-FARC Mafia, las Autodefensas Gaitanistas, el ELN, entre otros. La medida, según la publicación, se haría efectiva después del 1 de enero de 2023.
Tres días después, el 3 de enero, el ELN desmintió públicamente al gobierno por medio de un comunicado en el que aseguraba que la medida del cese al fuego había sido una decisión “unilateral”, y que no se había discutido en la mesa de conversación.
La reacción de la guerrilla llevó al gobierno a suspender la medida, aunque grupos como los Gaitanistas y las ex-FARC Mafia se mantuvieron en el cese, que días después se rompería.
Ambas delegaciones acordaron avanzar en un posible cese al fuego durante los próximos ciclos de conversación, pero hasta ahora no ha sido posible. Para Luis Fernando Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sí hubo un “error” al anunciar algo que no se había acordado, pero las aclaraciones estuvieron bien manejadas por el equipo de gobierno.
El carácter político
A principios de septiembre de 2022, y luego de que el gobierno anunciara su plan de Paz Total, el ELN se refirió al proyecto en un comunicado a través de su página oficial, en el que cuestionaba la posición del gobierno de igualarlo con grupos criminales.
Según la guerrilla, la Paz Total los incluye dentro del “manto de agrupaciones ilegales”. En su lugar, el grupo buscaba “negociaciones políticas”, que abarcarían cuestiones sociales y económicas. En comparación, las conversaciones con grupos como las AGC tienen un enfoque más limitado: las autoridades pretenden negociar una especie de rendición, en la que los miembros del grupo se entreguen y ofrezcan reparaciones por sus acciones.
Ataques a la fuerza pública
Sin cese al fuego decretado y tras varios meses de accidentadas conversaciones, el 29 de marzo el ELN atacó un pelotón del ejército colombiano en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, al noroeste del país. Diez militares murieron en el ataque.
El hecho desató el rechazo de la opinión pública y del mismo presidente Petro, quien advirtió que estaban “completamente alejados de la paz y del pueblo”, refiriéndose al ELN. Por su parte, el comandante del ELN, Antonio García, agregó que el ELN “tiene el derecho de responder los ataques que recibe” por medio de su cuenta de Twitter, que luego sería suspendida.
Reclutamiento de menores
A mediados de abril, y mientras los equipos se preparaban para el tercer ciclo de conversaciones, el alcalde de Yarumal, un municipio al norte del departamento Antioquia, denunció que una docena de menores de edad, estarían siendo reclutados por el ELN para sumarlos a sus filas. La denuncia estuvo acompañada de un enérgico rechazo del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien cuestionó los gestos de paz del grupo.
Esto llevó a otro cruce de comentarios y acusaciones en medio de las conversaciones. Inicialmente, Antonio García, comandante del ELN, le respondió al gobernador aclarando que el grupo no recluta menores de edad y agregó que “las personas se vinculan voluntariamente”. Sin embargo, Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, otro de los comandantes del grupo, fue más allá y admitió que el grupo ha reclutado menores de 16 años en adelante.
Para leer el artículo completo visite InSight Crime
