La oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció que las restricciones y violaciones de libertades y derechos acometidas por el régimen de Daniel Ortega “crearon un entorno poco propicio para la celebración de elecciones auténticas y libres” en Nicaragua, por lo que reclamó a las autoridades que reviertan “urgentemente” las políticas actuales.
La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, actualizó el informe sobre la situación del país centroamericano, una vez pasadas las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega obtuvo la victoria sin rivales de entidad.
Estos comicios “brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de Derechos Humanos que afecta al país desde 2018”, pero terminaron por resultar en lo contrario.
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La ONU reclamó a las autoridades nicaragüenses la exclusión “arbitraria” de candidatos, “especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder, hasta el punto de que siete precandidatos opositores fueron detenidos y, por tanto, no pudieron presentarse a los comicios.
En total, la ONU cifra en 39 los casos de “detención arbitraria”, basados en “disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de Derechos Humanos” y con procesos judiciales cuestionables. Durante el fin de semana de las elecciones y los días siguientes, diez activistas políticos y periodistas fueron detenidos y, de ellos, solo tres fueron liberados.
Al Nashif alertó especialmente de casos en los que los presos permanecen incomunicados durante más de tres meses -algunos de ellos en aislamiento- e indicó que este tipo de condiciones “suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a la tortura”.
