El próximo domingo, 29 de mayo, se realizarán en Colombia las elecciones presidenciales en medio de suspicacias y cuestionamientos sobre el proceso electoral.
Esto tras los recientes comicios legislativos en el que se evidenció gran cantidad de vulnerabilidades que pusieron en tela de juicio los resultados.
Aunque siempre ha habido cuestionamientos de una parte del electorado, durante las últimas décadas las elecciones en Colombia no contaron con grandes controversias en términos de la transparencia y la legitimidad del proceso de votación.
Sin embargo, se ha generado un cambio en ese país: por primera vez en décadas, la principal fuerza política de las elecciones es la izquierda, con el senador Gustavo Petro.
Su coalición, el Pacto Histórico, fue la opción más votada tanto en las legislativas como en las consultas.
Tanto la izquierda como la derecha se acusan mutuamente de jugar sucio lo que afecta la transparencia del proceso.
Registraduría de Colombia está inundada en cuestionamientos
La Registraduría colombiana es la institución que lidera los procesos electorales de Colombia. Su institucionalidad se ha visto comprometida debido a los cuestionamientos respecto a las últimas adjudicaciones de contratos controvertidos a empresas privadas.
Según recoge un trabajo de El American el ente tiene varias denuncias sobre una alteración de resultados y conflicto de intereses.
Sobre esto, el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, acusó al ente electoral de alterar los resultados favoreciendo al Pacto Histórico de Gustavo Petro
También presidente de la veeduría electoral Colombia Transparente, Sergio Alzate, acusó Al registrador de cometer “fraude electoral”.
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De acuerdo al medio estadounidense la veeduría habría encontrado varias irregularidades: habilitación a los jurados de votación para que pudieran ejercer su derecho a votar dos veces; alteración de los sistemas de votación al cruzar los votos del preconteo con el voto del escrutinio final en softwares distintos; y, por último, lo más grave según el abogado en su denuncia contra la Registraduría: un fraude a resolución judicial mediante el cual se desobedecen las ordenes del Consejo de Estado respecto a implementar un software único de escrutinio con trazabilidad unitaria desde la mesa hasta la elección de los candidatos, el cual debe ser operado en forma exclusiva por personal de la entidad y el registrador nacional ha hecho caso omiso a dicho deber”.
Softwares de Indra y Thomas Greg & Sons alarman a expertos
Las empresas privadas que se encargan del proceso electoral en Colombia también están en el ojo del huracán.
Actualmente la Unión Temporal 2021, conformada por las sociedades Thomas Greg & Sons y otras empresas, se encarga de la administración y logística de los comicios del 2022, desde el desarrollo de las jornadas electorales; desde proporcionar el software para la inscripción de votantes y candidatos, selección de jurados, revisión de firmas, hasta encargarse de proveer sistemas de autenticación biométrica. Además, debe digitalizar, publicar y custodiar los resultados electorales.
Sin embargo, hay cientos de críticas de que la la Registraduría se ajusta siempre a la medida de dicha compañía sin que exista una competencia justa por lo que han ganado consecutivamente 18 años de licitaciones.
A todo esto se suman denuncias sobre el software que utiliza la compañía para el proceso electoral. El mismo abogado Sergio Alzate, de Colombia Transparente, dijo a Red Mas Noticias que “el software de Disproel al ser privado no se le puede hacer un estudio o una investigación o un análisis al código fuente; y en el código fuente es la programación donde se dan las órdenes, donde puede haber fraude”.
También la empresa española Indra, encargada de proporcionar el software para realizar el proceso de escrutinio en Colombia ha ido cuestionada.
De acuerdo con el reporte de la red independiente Noticias Uno, la Registraduría adjudicó un “extraño” contrato a Indra el 29 de diciembre por 27 mil millones de pesos, en el que se encarga a la empresa española del escrutinio final de las elecciones.
Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, explicó que el proceso de contratación fue poco transparente, pues Indra no tuvo competencia en la licitación abierta el 7 de diciembre pasado.
Para leer el trabajo completo puede revisarlo en El American
