Los parlamentarios de la Asamblea Nacional por el partido de Acción Democrática, señalan que está sobre la mesa un proyecto de reforma parcial de la Ley del Impuesto a la Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
El legislador Luis Eduardo Martínez, indicó que este instrumento, casi con un año en vigencia, utilizado para cobro de un impuesto adicional a las transacciones en divisas y criptomonedas no ha tenido mayor incidencia en la evolución de la economía en el país.
“La recuperación económica venezolana, que es una urgencia de todos, pasa por la reactivación plena del sector privado, la captación de capitales frescos fundamentalmente extranjeros, la generación de confianza y un modelo de tributación que facilite a empresarios, emprendedores y comerciantes la ampliación de sus actividades, la generación de riqueza y la multiplicación del empleo, lo que en nada contribuye la actual Ley de IGTF”, expuso Martínez.
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La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, afirma que el IGTF “no debe ser renovado porque es un impuesto inflacionario”.
“Debería eliminarse, contribuiría a ver si se puede incentivar un poco más el consumo. El principal problema que tiene el ingreso de los trabajadores es lo rápido que se pulveriza por la inflación”, explicó.
Como viene funcionando el IGTF
De acuerdo con lo que contempla esta ley del IGTF existen tres tipos de importes. Uno tiene que ver cuando la transacción se realiza en bolívares, cuyo porcentaje máximo es 2% de todas las transacciones que se realicen en bolívares o en criptomoneda de Venezuela.
El segundo va del 2% al 8%, con transacciones realizadas en divisas que estén bancarizadas, es decir, quienes usen sus cuentas corrientes en divisas y quieran pagar a sus proveedores en divisas, pueden llegarse a tabular hasta 8% por el tributo. La norma arrancó con el 3%, este porcentaje lo determina el Ejecutivo.
La tercera alícuota está dirigida a aquellos que no están bancarizados, que no transan dentro del sistema financiero nacional, que se manejan con operaciones en efectivo o, por ejemplo, pasarelas de pago o monederos digitales y que no se sabe quiénes son, por cuanto el impuesto puede alcanzar un porcentaje de hasta 20%.
