lunes, noviembre 28, 2022
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    Especial | Educarse bajo la visible mano del Estado. Parte I

    Según la organización Transparencia Venezuela, el presupuesto para financiar la educación pública en 2022 se situó en 9.564.297.000 bolívares (equivalentes entonces a unos 2 mil millones de dólares estadounidenses), lo cual representaba un 15% del presupuesto nacional (fijado en 62.379.455.000 bolívares). Pero ese 15% por sí solo no dimensiona la inversión en su totalidad

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    Por Anderson Ayala Giusti

    Más del 80% de los estudiantes venezolanos se forman en escuelas y liceos públicos del país.

    La reputación de la educación pública en Venezuela es ahora un vestigio del pasado. La política del “Estado docente” ya no se da abasto y probó no ser eficiente durante la pandemia. Aun así, su persistencia marca la realidad educativa del país, con una calidad que poco atiende a las demandas nacionales. De los 29.000 planteles educativos que existen al día de hoy (de preescolar, primaria y secundaria), más de 24.000 son propiedad del Estado, mientras que los colegios privados ocupan un reducido margen menor a 5.000 (menos del 20%). El monopolio estatal es asfixiante y abarca, además, la imposición unilateral de un diseño curricular con matices ideológicos, la publicación de textos escolares y la “capacitación” de docentes para suplir un cada vez más palmario déficit.

    La libertad educativa no es un concepto que pueda prosperar en ese ambiente de control, y menos cuando se tienen en cuenta las premisas de colectivismo, justicia social e igualdad material que guían la acción gubernamental desde hace más de dos décadas. Es cierto que la participación del Estado en la educación obedece a mandatos constitucionales y multilaterales, pero esos mismos compromisos establecen criterios de diversidad e imparcialidad que hoy quedan soterrados. Si la burocratización del sistema era ya un problema, ahora hay que añadir su marcada politización.

    Resignarse a la poca competitividad de la educación pública es una opción inevitable para millones de padres, justo cuando el país inicia su primer año escolar totalmente presencial desde la irrupción de la pandemia. Todo ello en medio de los retos que suponen el rezago educativo, la carencia de competencias en los jóvenes y el nulo desarrollo de capacidades para el desempeño profesional. Y los efectos de esto, aunque devastadores, no se van a percibir sino hasta en el mediano plazo.

    Radiografía de la educación en pandemia

    La pandemia del Covid-19 y su gestión desencadenaron una interrupción global de los sistemas educativos. Más de 1.600 millones de estudiantes alrededor del mundo se vieron afectados por las decisiones gubernamentales de cerrar las escuelas en 2020, de acuerdo con un informe preparado por el Banco Mundial, la UNESCO y la UNICEF el pasado diciembre. No hay precedentes de una interrupción a tal escala y con tal prolongación, pues aún durante buena parte de 2021 las escuelas permanecieron cerradas para millones de alumnos, y Venezuela no fue la excepción.

    La educación a distancia apareció entonces en el radar, aunque sin las condiciones, la preparación ni las pautas para su aplicación. Como describe el documento, “la calidad y el alcance de dichas iniciativas representó, en el mejor de los casos, un sustituto parcial del aprendizaje presencial”. Y eso sin considerar a los estudiantes que inevitablemente quedaron excluidos, al no disponer de medios para ser parte de los ecosistemas digitales. El informe calcula que 463 millones de niños se quedaron sin acceso a la instrucción remota, con lo que esto implica para el desarrollo de sus capacidades. Se trata de 463 millones de jóvenes a quienes les fue violado el derecho a la educación, consagrado como derecho humano universal por la Organización de las Naciones Unidas.

    Esos matices también se hicieron presentes en el plano local. Aunque la matrícula estudiantil no consta en el sitio web del Instituto nacional de Estadística (INE) desde 2018, y dado que tampoco hay Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación desde 2015, la única cifra oficial de estudiantes para el año escolar a distancia 2020-2021 es la ofrecida por el entonces Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. Se trató de una población estudiantil de 8.763.066 niños y jóvenes, aunque esto se reduce a 7.818.709 solo en los niveles más poblados: preescolar, primaria y secundaria. El resto pertenece a la educación especial, técnica, del Inces, y de las Misiones Rivas y Robinson.

    Es decir, más de 8 millones de alumnos que se debieron sumar al plan “Cada familia una escuela”, desarrollado entonces por el gobierno nacional y el ministerio de educación para afrontar las clases a distancia. Se trataba de un espacio televisivo en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, donde un docente impartía lecciones sobre determinados temas, y cuyas actividades se encontraban en el sitio web del plan. Esta fue la respuesta educativa que se aplicó para miles de escuelas y liceos públicos del país, y que dejó excluido ese trato directo de cada docente con sus estudiantes.

    La socialización, que es parte fundamental del proceso formativo en escuelas y liceos, quedó pues totalmente cercenada. Así lo reconoce la tesista de la Escuela de Psicología de la UCV, Ana Belén Fernández, quien pudo compartir su experiencia de prácticas clínicas con jóvenes. “Esa dinámica de apoyo social que puede surgir entre compañeros, dentro y fuera del salón de clases, se pierde casi toda, porque la inmediatez del contacto nunca es igual de accesible”, reconoce. Aunque esto se pierda de vista, la interacción que surge a esa edad es algo que a muchos jóvenes los ayuda a desarrollar su identidad y su propio criterio, como afirma Belén. “Esas conversaciones también aportan al proceso de aprendizaje, porque no solo ponen en marcha lo que al estudiante le quedó, sino que lo introducen a otras ideas que puede ir adaptando a sus esquemas internos”, añade.

    Aunque hasta hoy no hay ningún estudio oficial sobre la realidad educativa durante la pandemia, es claro que los efectos se hicieron sentir de uno u otro modo -sin contar los demás factores que marcan el entorno socioeconómico de los venezolanos-. La principal referencia es un diagnóstico llevado en casi 400 escuelas por la consultora DEVTech Systems y la Universidad Católica Andrés Bello, cuyos resultados proyectan una sombría crisis: “El 47,54% de los estudiantes dice haber aprendido menos, mientras que 35,36% dice haber aprendido igual y solo 17,1% haber aprendido más”. Y en planteles públicos ello fue más marcado: “un 45,33% de los estudiantes de las escuelas públicas urbanas y un 47,29% de escuelas públicas rurales dicen haber aprendido menos”.

    Además, según el estudio, la deserción entre 2018 y 2021 se hizo patente con más de 1,2 millones de alumnos, por lo que la población estudiantil para el año escolar 2021-2022 pudo ser, a su juicio, menor que la anunciada oficialmente. De hecho, las cifras del gobierno tampoco guardan relación entre sí: el Ejecutivo informó que la matrícula para 2021 era de 8.789.356 estudiantes (7.828.406 solo en los niveles más poblados), pero esto a su vez contrasta con los 8.763.066 que aparecen en el plan Victoria Bicentenaria, publicado por el Ministerio de Educación para el inicio de clases ese año. Lo incongruente con esa cifra del plan es que es la misma anunciada por Istúriz en 2020.

    A ello se suma que el INE no ha publicado más estadísticas desde el año escolar 2017-2018, cuando informó una población de 7.664.869 estudiantes. De ahí en adelante es que se produce un salto de más de un millón de estudiantes, hasta llegar a los 8,7 millones en 2020 y 2021. Todo ello en un contexto en que la migración ha seguido azotando la demografía del territorio: entre abril de 2018 y julio de 2020, más de 2,5 millones de personas abandonaron el país con destino a Latinoamérica, según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados Venezolanos. Y ante la política estatal de no anunciar cifras de información pública, la inconsistencia solo se agrava más.

    Especial | Educarse bajo la visible mano del Estado. Parte I 1

    La visible mano educativa del Estado

    De cualquier forma, otro fenómeno se presenta con esa matrícula oficial para el último año escolar: más del 80% de los estudiantes se instruyó en planteles públicos, según datos del Ejecutivo. Ello coincide con el 85% que estimó la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, para quienes el número de alumnos en colegios privados estuvo sobre los 1,3 millones en 2021. Es decir, que más de 7 millones de estudiantes quedaron expuestos al sistema público donde abundan los problemas de infraestructura, servicios, inseguridad y déficit docente, entre otros.

    Esto no solo marca el predominio de las escuelas públicas -de larga data desde el siglo XX-, sino que, a juicio Mariana Scolaro, quien es abogada e investigadora en la asociación civil Un estado de Derecho, refleja además “el peso del Estado en la educación que reciben los venezolanos”. Para muestra, el año escolar 2021-2022 contó con 29.103 planteles educativos, de los cuales 24.328 eran públicos y solo 4.775 privados, según cifras oficiales recogidas por la UNICEF.

    Ahora bien, dentro de esa mayoritaria esfera pública, las unidades educativas se dividen en varias escalas: a nivel nacional, con más de 15 mil escuelas y liceos; a nivel estadal, con más de 7 mil; a nivel municipal, con más de 300; y como escuelas autónomas, con más de 300. Esas cifras las informó este año la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, y es importante ubicarlas porque las escuelas y liceos nacionales dependen del gobierno central, mientras que las estadales lo hacen de las gobernaciones, y las municipales de las alcaldías. Como se ve, no es casualidad que predominen los planteles bajo control directo del gobierno. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación en 2015 refleja incluso una disminución de las escuelas estadales, municipales y autónomas durante los años precedentes, así como un aumento de los centros educativos nacionales.

    De otro lado, sobre la minoritaria esfera de propiedad privada de los planteles, no todas las escuelas son clásicamente autosostenibles; existen otras bajo la categoría de “subvencionadas”, y se cuentan en más de 600, según la ministra. Se trata de unidades educativas que reciben un subsidio del Ministerio de Educación para cubrir los sueldos docentes, pero que aun así se autogestionan con matrículas propias, un poco más accesibles. Es el caso de la red de Fe y Alegría, por ejemplo.

    Pero el evidente peso del gobierno no se queda solo en la propiedad sobre los planteles, pues la burocracia es otro elemento presente en todo el sistema. Al menos en el caso las escuelas y liceos nacionales, la atribución de escoger al director o directora compete a la Zona Educativa de cada estado del país. Son los directores de las zonas educativas, nombrados por el ministro de educación, quienes tienen la potestad discrecional de elegir a los directores de los centros educativos. Y en los últimos años, el criterio de escogencia parece estar marcado por preceptos ideológicos.

    Especial | Educarse bajo la visible mano del Estado. Parte I 2

    Luego aparece todo el aparataje estatal diseñado para hacer seguimiento a la educación. Como señala Leandro Cantó en una monografía, se trata de “los planificadores, supervisores, diseñadores de cursos, los que dictan cursos a los maestros, directores y subdirectores, más el personal para administrar aquello”. Todo eso en torno al grupo conformado por docentes, estudiantes y padres, y financiado por supuesto con dinero público. Para muestra, el referido plan Victoria Bicentenaria señala la existencia de 3.374 supervisores escolares, cuya principal tarea es asegurar la adecuación de los planteles educativos a los pilares del desarrollo nacional (fijados por el gobierno).

    Sostener más de 24.000 centros educativos requiere de un gasto elevado, y más si se considera que la nómina del sector supera el medio millón de empleados, incluyendo a docentes, administrativos y obreros de las escuelas y otras dependencias. Se trata de un subsidio masivo dirigido a la oferta en educación, mas no hacia su demanda. Es decir, dinero que se destina a levantar y sostener planteles, cubrir sueldos y asignar recursos para que los padres tengan un sistema uniforme y estandarizado, pero no para dar la libertad de escoger la educación que mejor se quiera.

    Según la organización Transparencia Venezuela, el presupuesto para financiar la educación pública en 2022 se situó en 9.564.297.000 bolívares (equivalentes entonces a unos 2 mil millones de dólares estadounidenses), lo cual representaba un 15% del presupuesto nacional (fijado en 62.379.455.000 bolívares). Pero ese 15% por sí solo no dimensiona la inversión en su totalidad. Una referencia la proporciona el Banco Mundial, en cuyos registros consta que el gobierno dedicó a la educación un 23,9% de su gasto total en 2017 (último año con cifras), aunque ello solo equivalió al 1,3% del Producto Interno Bruto. Además, hay que aclarar que los fondos para la educación responden a una demanda de la sociedad y no al altruismo estatal. Como apunta Cantó, los ciudadanos permiten que su dinero se use para “promover mejor instrucción a la población, porque la utilidad de ello es siempre superior al costo marginal de esa inversión”. Pero esto se disipa cuando se pierde toda la calidad, y hoy el sistema educativo dista de atender las demandas de los padres, las particularidades de cada estudiante y los requerimientos de un mundo globalizado.

    La calidad, en descrédito

    La credibilidad de un sistema educativo descansa en la preparación de sus profesores, y en un país donde la migración se ha vuelto algo frecuente, es evidente que el cuerpo docente termina por verse afectado de una u otra forma -sin aludir a los otros condicionantes que desincentivan el ejercicio de la profesión-. Una investigación del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), realizada por Verónica Medina, recoge unas cifras que dan cuenta de ese éxodo docente en años recientes: “Los registros de la Federación Venezolana de Maestros muestran que entre 2015 y 2020 más de 100.000 profesores dejaron el sistema educativo”. Y ello repercute en las áreas más neurálgicas del saber: “El Colegio de Profesores calcula un déficit profesoral del 50% en las asignaturas especializadas de matemática, física, química, biología e inglés”, señala.

    No obstante, esas cifras de deserción se agravan en los últimos 3 años de acuerdo con el diagnóstico de la UCAB y DEVTech Systems, que vuelve a ser una referencia ante la falta de datos oficiales. De acuerdo con el estudio, la plantilla docente para el último año escolar (2021-2022) alcanzó los 502.700 profesores, representando una baja de más de 160 mil profesionales con respecto a 2018. Tal estimación coincide con el registro del INE para el año escolar 2017-2018, compuesto por 662.825 docentes, de los cuales 541.496 estaban en planteles públicos y solo 121.329 en privados.

    Pero la deserción por sí misma no es el único problema. El ministerio de educación informó en 2019 una actualización sobre la realidad de los cargos docentes en el país, y según el reporte dado por la Unidad Democrática del Sector Educativo -agrupación que incluye a factores gremiales-, unos 230 mil profesores se hallaban en condición “interina” para ese año. Al desincentivo que esto implica para la carrera docente hay que sumar la falta de capacitación continua, necesaria y útil no solo por actualización profesional, sino para estimular la innovación pedagógica.

    En cuanto a la política oficial para paliar ese déficit docente, tal vez el hecho más representativo se halle en la Misión Chamba Juvenil, que ofrece trabajos breves a los jóvenes no inmersos en la educación superior. Lo llamativo es que, desde 2021, esta misión tiene un enlace directo con la Micromisión Simón Rodríguez, creada en 2014 para formar a nuevos maestros. Tal enlace consiste en un curso de inducción de 12 semanas para que los jóvenes se incorporen al sistema educativo como docentes, según recoge Indira Rojas en un texto para Prodavinci. Tres meses parecen ser suficientes para formar a un maestro según la respuesta gubernamental.

    A ello hay que sumar, además, la poca estabilidad del diseño curricular vigente, que ha sufrido varios cambios sobre todo en la última década. Cambios que, por cierto, responden en gran medida a los criterios ideológicos impartidos desde el Ministerio de Educación. Pero sin caer en esto, la desactualización del currículo es una realidad que ya denunció este año la Asociación de Institutos Educativos Privados. Según su presidente, Fausto Romero, el currículo de educación media data de la década de 1980, en tanto que el de primaria tiene al menos 20 años sin ser actualizado, y el de preescolar suma ya unos 17 años por ese mismo camino.

    Todo esto puede ayudar a explicar el considerable rezago que se presentan los estudiantes hoy en día. Para tener una referencia, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), en su edición de 2019-2020, refleja que un tercio de los niños de primaria mostraron rezago durante el año escolar culminado en 2020. Y ello se acrecienta entre los jóvenes de bachillerato, duplicando las cifras de 2018. La tendencia tampoco cambió para el año escolar 2020-2021, realizado a distancia. Según la ENCOVI de 2021, un tercio de los niños de primaria también manifestó aquí algún grado de rezago, aunque en bachillerato ello se acrecentó hasta casi la mitad de los estudiantes. El efecto es evidente y sus secuelas se traducen en menor preparación y menor capacitación, por decir lo menos.

    Especial | Educarse bajo la visible mano del Estado. Parte I 3

    Ante este drama de la educación, y pese a la aparente falta de una respuesta estatal, las escuelas y colegios han debido resolver por cuenta propia, con las dificultades y limitaciones que ello impone. Desde su experiencia, la tesista de psicología Ana Belén comparte que para abordar la situación hay que fijar una línea base con la cual evaluar cómo vuelven los estudiantes, luego de los períodos truncados por la pandemia. “Hay que medir sus conocimientos y las áreas que necesitan reforzar, para nivelar a los estudiantes en los contenidos que debieron haber visto. Luego es que se deben introducir los nuevos conceptos, asociándolos con otros que ellos ya conozcan”, señala. Además, según comenta, eso es lo que en psicología se conoce como “aprendizaje significativo”.

    Algo similar fue lo que se aplicó, por ejemplo, en las escuelas de Fe y Alegría, según la experiencia que comparte el profesor Ricardo Rosal, hoy director encargado del Colegio Alianza Fe y Alegría, ubicado en la parroquia La Vega, de Caracas. “A inicios del año escolar pasado hallamos que un 80% de nuestra población estudiantil nacional traía déficit de aprendizaje, sobre todo en cuanto a matemáticas y lenguaje”, destaca. Ya con ese diagnóstico hecho, las escuelas pusieron en marcha un “plan de nivelación por áreas de conocimiento”, basado en la premisa de fusionar ciertas áreas de formación (o lo que se conoce como asignaturas) y responder así al déficit docente. “Tal vez ya no tengo un profesor de matemática, física o química, pero sí tengo un profesor que puede asumir las Ciencias y fusionarlas para desarrollar competencias en el joven”, explica Rosal. Es evidente que ello tendrá grave incidencia sobre el aprendizaje, pese a que se trate de un esfuerzo por avanzar.

    Menos rastro, más cantidad

    A fin de cuentas, el principal indicador para valorar un sistema educativo es el nivel de aprendizaje de sus estudiantes, según reconoce la profesora Verónica Medina en su investigación para el IESA. No obstante, tal como expone, ese tema ha sido más que desatendido por el Estado, y la principal evidencia se halla en la total inexistencia de “pruebas sistemáticas y periódicas, nacionales o internacionales, para evaluar la efectividad de los procesos de enseñanza y aplicar correctivos”. Y en lo que a falta de pruebas se refiere, la lista se hace larga.

    En la presentación del diagnóstico llevado por la UCAB y DEVTech Systems, el profesor Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación Educativa de la universidad, informó que el gobierno venezolano realizó en 2014 la última “Consulta Nacional por la Calidad Educativa”, sin que desde entonces hubiese continuidad. La propia Medina explica que el Ministerio de Educación lleva más de 10 años sin realizar pruebas nacionales de aprendizaje, y que desde 1997 Venezuela no se somete a “ninguna evaluación internacional para medir y comparar el aprendizaje de los alumnos en las áreas de lectoescritura, matemática y ciencias (por ejemplo, PISA o ERCE)”. Pese a todo ello, los otros insumos señalados antes permiten avizorar un bajo rendimiento estudiantil desde hace años.

    Aun así, los gobiernos en Venezuela han presentado como uno de sus logros la masificación de la educación, por la sola construcción de cientos de planteles (que luego requieren presupuestos y profesionales de formación especializada), o por la graduación de miles de jóvenes cada año. De hecho, parece que mientras más graduandos haya, más exitoso el sistema. Si bien egresaron más de 324 mil jóvenes el año escolar 2021-2022 (cifra un poco menor que el año precedente), lo que habría que examinar es la calidad de educación que recibieron durante sus años de bachillerato.

    En síntesis, aunque ha habido un aumento en el número de planteles y egresados, ello no se traduce de forma automática en una mejora sustancial de la calidad educativa. Lo que sí es un hecho es que ambas cosas son políticamente rentables para los gobiernos de turno, y así lo han sido desde hace bastante. Ya en 1994 se leía algo familiar en la presentación que hacía Jesús Eduardo Rodríguez para una monografía editada por Cedice Libertad: “En 36 años de democracia, hemos aumentado el número de unidades educativas, de maestros, de alumnos, de fondos invertidos, pero el nivel educativo y cultural de nuestra población ha descendido notablemente”, escribe.

    Si esa era ya la realidad para la década de los ’90, queda imaginar la situación hoy. Como advertía Rafael Alfonzo en otro texto de Cedice, “la masificación de la educación, lograda en países como el nuestro por medio de la obligatoriedad y la gratuidad, será poco menos que un fraude si no se hacen esfuerzos proporcionales por mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza”. Hace 25 años, Alfonzo reconocía el aumento en el acceso a la educación, pero lo contrastaba con el incremento descontrolado en los índices de delincuencia. Y esa situación resulta familiar hoy.

    Ante la referida desatención estatal, los esfuerzos privados y particulares parecen haber cobrado mayor impulso en años recientes. En la práctica, son cada vez más las iniciativas y los proyectos que buscan llenar los vacíos dejados por el sistema educativo, sobre todo a través del empleo de tecnología. Es el mercado quien parece más preocupado por rescatar la educación, pese a que se trate de empeños individuales. De cualquier forma, esos primeros pasos reflejan el interés de la sociedad por proveer instrucción de calidad a todos sus miembros, sin la visible mano del Estado.

    Autoría de Anderson Ayala Giusti.

    Editado por Sergio Monsalve. Director Editorial de Observador Latino.

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    Sergio Monsalve
    Director Editorial Observador Latino. Comunicador social. Presidente del Círculo de Críticos de CCS. Columnista en El Nacional y Perro Blanco. Documentalista, docente, productor y guionista.

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