La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró un total de 241 víctimas de torturas el año pasado, el segundo registró más alto de los últimos 33 años.
En su informe anual destacó que 2021 las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, mantuvieron su mirada sobre Venezuela. La gravedad de las violaciones documentadas, les han obligado a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que viene ocurriendo en el país.
El texto indica que a pesar de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Sr. Karim Khan, anunció el pasado 04.11.2021, su decisión de abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los abusos del régimen de Nicolás Maduro continuaron.
«La alta letalidad en el accionar de la fuerza pública continuó en 2021. Policías y militares produjeron la muerte, en todo el territorio nacional, de 1.414 personas. Siendo nuevamente resultado de una política de Estado, de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida», dice el texto.
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Señala que «estamos ante una situación de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)E.
El informe indica que entre los meses de enero y diciembre de 2021, se registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020, y el segundo registró más alto de los últimos 33 años.
Sumado a ello, hubo un aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación.
«En el 60,9% de las denuncias de torturas recogidas en el presente Informe Anual, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación. El CICPC, fue señalado como responsable en 155 denuncias de torturas –con igual número de víctimas- para alcanzar el 64,3% del total de denuncias registradas en 2021″, dijo.
