Grupos de derechos humanos y otros califican la toma de posesión como un ataque a la libertad de prensa
El gobierno autoritario del dictador Nicolás Maduro se apoderó de la sede de El Nacional, uno de los últimos periódicos independientes que quedaban en el país sudamericano.
Un juez acompañado por guardias nacionales venezolanos vestidos con chalecos antibalas y boinas granate allanaron la propiedad de 162.000 pies cuadrados de El Nacional el viernes por la noche. Actuaron en virtud de una orden de la Corte Suprema de tomar la propiedad como parte de una sentencia de US$13 millones contra el medio de comunicación.
La sede ya estaba en gran parte vacante ya que los trabajadores han estado contribuyendo desde casa en medio de la pandemia, y el periódico ha sido una publicación exclusivamente en línea desde 2018. Dejó su edición impresa después de que el régimen, que tenía el monopolio de las importaciones, cortó el acceso de la empresa a papel de periódico importado. El sitio web del periódico también ha sido restringido por el regulador de telecomunicaciones de Venezuela en numerosas ocasiones desde entonces.
Pero la incautación del periódico podría tener mayores implicaciones para los intentos del régimen de Maduro de pasar una nueva página con la administración Biden. Bajo el expresidente Donald Trump, EE UU impuso una serie de sanciones contra el gobierno y los principales confidentes de Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Las acciones punitivas no lograron derrocar a Maduro, pero han aislado al país de sus socios petroleros tradicionales y han golpeado una economía que alguna vez fue la más rica de América Latina.
Grupos de defensa de los derechos humanos y de la prensa calificaron el fallo como la última acción destinada a sofocar a los medios críticos en un país donde los disidentes se han enfrentado a la cárcel y la intimidación y se han visto obligados a huir. Diosdado Cabello, un alto mando del gobernante Partido Socialista de Venezuela que había presentado la demanda civil por difamación contra el medio de comunicación, ha dicho que quiere convertir la sede de la publicación en una escuela de comunicaciones a favor del régimen.
Por su parte, James Story, embajador de EE UU para Venezuela condenó la acción a través de Twitter: «La toma de las instalaciones de El Nacional, no es contra un edificio o sus instalaciones sino contra la libertad de prensa. Y sobre este acto violatorio cae toda la responsabilidad del régimen» expresó. «No puede haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión”, agregó.
