El régimen de Venezuela puso en libertad al opositor Freddy Guevara, representante de Voluntad Popular y uno de los principales socios del presidente interino, Juan Guaidó, justo al terminar la primera sesión del proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición con vistas a intentar solucionar la grave crisis a todos los niveles en que se encuentra sumido el país suramericano.
Guevara, quien se encontraba encarcelado desde hace más de un mes en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, anunció que llevará su caso a los tribunales para conocer “bajo qué premisas” fue detenido, ya que aún lo desconoce.
En imágenes compartidas en la cuenta de Twitter del partido Voluntad Popular, se muestra a Guevara tras su salida del penitenciario y compartió que “su compromiso real es lograr la libertad de todos los presos políticos”.
Se espera que con esta medida Guevara pueda representar a Guaidó en las conversaciones entre el régimen de Venezuela y la delegación opositora, la Plataforma Unitaria, formada por cuatro partidos, entre los cuales también está Primero Justicia, de Henrique Capriles, de acuerdo con Bloomberg.
Hasta el momento, Voluntad Popular estaba representada por Carlos Vecchio, a quien Guaidó nombró embajador de Estados Unidos. La delegación del chavismo, con el presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, al frente se habría mostrado en contra de la presencia de Vecchio en las negociaciones cuando este viernes ambas partes firmaron un memorando de entendimiento.
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El documento establece que el proceso de diálogo trabajará para lograr que las sanciones internacionales sean levantadas, se restauren derechos políticos, y se garantice la convivencia política, la renuncia a la violencia en Venezuela y la protección de los procesos electorales y la economía. Se espera que ambas partes vuelvan a reunirse nuevamente a principios de septiembre.
Guevara, de 35 años, había sido vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018. Las autoridades venezolanas anunciaron su detención en julio por sus supuestos vínculos con “grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno de Colombia”, según un informe presentado por la Fiscalía.
Por ello, le fueron imputados “delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria”, pues habría colaborado con las bandas criminales del barrio La Cota 905, en el suroeste de Caracas, en el enfrentamiento que mantuvieron durante tres días con la Policía.