La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos de Adrián José Velásquez Figueroa, quien fuera jefe de seguridad de fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.
En un auto fechado el pasado 5 de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran que los hechos por los que se le reclama constituyen, según la legislación española, delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho.
El tribunal de España acordó la entrega por los mismos hechos por los que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional acordó el pasado 14 de octubre extraditar a su mujer Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del propio Chávez y extesorera nacional de Venezuela.
De acuerdo con la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas, el empresario Raúl Gorrín Belisario, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano.
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En total, Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
A partir de 2011, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera Claudia Díaz, incluso a través de Adrián Velásquez, para influir e inducir sobre ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para el régimen venezolano y se asegurase una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda.
Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio de la pareja, explica la solicitud de extradición americana, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y una marca de diseñador de modas en el Distrito Sur de Texas a beneficio de ambos.
Así las cosas, España considera que en este caso se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición, como que los hechos sean delito en ambos países —doble incriminación— que estén castigados con más de un año de prisión —mínimo punitivo—, así como que no estén prescritos.
“En modo alguno se investigan las actividades realizadas en territorio de los Estados Unidos, de manera que estamos en presencia de cadenas delictivas desarrolladas en distintos países y referidas a objetos distritos o si quiere a delitos distintos a los que se refiere la petición extradicional”, concluyeron los magistrados.