lunes, diciembre 6, 2021
More
    InicioNoticiasInternacionalHRW: Investigación de CPI a Venezuela "da esperanza de justicia" a las...

    HRW: Investigación de CPI a Venezuela «da esperanza de justicia» a las víctimas

    La organización confirmó que entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad "provocaron la muerte de casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta resistencia a la autoridad"

    -

    Human Rights Watch (HRW) recalcó que la decisión del fiscal jefe, Karim Khan, de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los DD. HH. «da una esperanza de justicia a los cientos de víctimas de la represión brutal del régimen» de Nicolás Maduro.

    Así lo aseguró el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, quien señaló además que se trata de la primera investigación del CPI en el continente y «ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva» de Maduro contra el pueblo.

    «El fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión de hoy sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron», agregó Vivanco, en un comunicado de la organización.

    En informes que HRW publicó en 2014 y 2017, y que compartió con la Fiscalía de la CPI, el organismo identificó «abusos generalizados durante la arremetida contra opositores en Venezuela».

    «Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon y torturaron gravemente a detenidos (…), emplearon la fuerza de manera desproporcionada, cometieron abusos violentos contra manifestantes y transeúntes en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores», indicó la ONG.

    «El tipo de abusos y el momento en que se produjeron, así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron, sugieren que el propósito no fue hacer cumplir la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas», criticó.

    HRW defendió que sus investigaciones «demuestran que los abusos no fueron casos aislados, ni el resultado de excesos cometidos por agentes insubordinados» ya que, por el contrario, «los reiterados abusos generalizados por parte de distintas fuerzas de seguridad, durante un período de tiempo determinado y en múltiples lugares, permiten concluir que los abusos fueron sistemáticos».

    Asimismo, destacó que documentó «casos de desapariciones forzadas» que se extendieron «durante varios días o semanas», así como otros «abusos aberrantes desde 2014».

    LEA TAMBIÉN | Provea a fiscal de la CPI: «En Venezuela no se investigan cadenas de mando»

    La organización confirmó que entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad «provocaron la muerte de casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta resistencia a la autoridad», si bien reconocieron que aún no existe información precisa respecto a cuántas de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.

    No obstante, incidió HRW, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que «muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales».

    Por otro lado, el organismo de DD. HH. se refirió a un informe que publicó en abril de 2021, en el que documentó «nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares y casos de tortura en el estado de Apure», los cuales, afirma, «siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos que originaron investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

    También, recogió datos y testimonio sobre que el poder judicial de Venezuela «no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados» a pesar de que existen «evidencias contundentes», y comprobó que «la mayoría de las violaciones de DD. HH. quedan impunes.

    «Desde que el difunto presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno», alertó.

    Igualmente, lamentó que «las autoridades judiciales fueron cómplices de los abusos», según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicado en septiembre, que sostuvo que estas «han emitido órdenes de arresto con posterioridad a detenciones ilegales, habitualmente ordenado la detención preventiva de los acusados, han respaldado detenciones sin evidencia, y no han protegido a víctimas de tortura».

    En febrero de 2020, el régimen de Maduro remitió información a la Fiscalía de la CPI sobre delitos supuestamente causados por las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar un segundo examen preliminar por separado, que sigue en trámite, recordó.

    «Existe una brecha cada vez mayor entre el volumen de trabajo de la Fiscalía de la CPI y los recursos que tiene disponibles. La de Venezuela es la decimoquinta situación que está siendo investigada por la corte y la primera en las Américas», indicó la ONG, para alertar al respecto de que el presupuesto del tribunal, financiado por sus Estados miembros, tuvo un crecimiento «prácticamente nulo» desde 2017.

    En este contexto, instó al fiscal a «priorizar esfuerzos para que los Estados miembros de la CPI se comprometan a aumentar los recursos para que el tribunal pueda cumplir con su mandato».

    «Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia», enfatizó el director de la ONG para las Américas.

    «Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela y en otras situaciones en el ámbito global, los Estados miembros de la CPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal», zanjó.

    Deja un comentario

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

    spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

    ÚLTIMAS ENTRADAS