domingo, noviembre 27, 2022
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    Educarse bajo la visible mano del Estado-Parte II

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    Por Anderson Ayala Giusti.

    La gestión privada gana cada vez más terreno en un colapsado sistema de instrucción pública.

    Para leer la Parte I: https://observadorlatino.com/noticias/politica/educarse-bajo-la-visible-mano-del-estado-parte-i-reportaje-especial-de-anderson-ayala/

    Por Anderson Ayala Giusti.
    El intervencionismo estatal es norma en el sistema educativo venezolano. Su visible mano se refleja no solo en el control directo de más de 15 mil escuelas nacionales (así como de otras 9 mil escuelas públicas a nivel estadal y municipal), sino también por una muy arraigada burocracia que en poco o nada ha contribuido con afrontar los retos del siglo XXI. A ello se suma la desactualización en que se ha sumido a los diseños curriculares, así como la deliberada ausencia de incentivos para el ejercicio de la profesión docente y su paulatina renovación generacional.

    Esa preponderancia de los planteles públicos, en detrimento de los privados, da cuenta además de una expropiación de las ventajas comparativas que pudiera ofrecer la educación privada. Es poco rentable competir contra escuelas que reciben un subsidio total para su funcionamiento, y ello a su vez se traduce en una situación de pasividad e inacción para las escuelas públicas, sin incentivos para mejorar. Ante esto, a la sociedad no le ha quedado más que atender la emergencia educativa con sus propias manos, en un intento por mitigar la merma en la calidad de la enseñanza.

    Bajo ese panorama de control han surgido también algunos actores privados que hoy desarrollan innovaciones educativas, con limitados pero palmarios resultados. Lo excepcional es que fue el colapso del sistema público el que abrió tales espacios para la acción del mercado, tras no saberse adaptar a los cambios demográficos y económicos de finales del siglo XX. Ahora, el país inicia su primer año escolar totalmente presencial desde el inicio de la pandemia, y las soluciones privadas se muestran cada vez más determinantes en el rescate de la instrucción nacional.

    Fuera del radar estatal
    La educación pública se ha mostrado incapaz de responder a las demandas de los actores que dan vida al proceso educativo (padres, estudiantes y profesores). Ello ha dejado vacíos que, por primera en vez en décadas, no están siendo llenados con medidas gubernamentales. Y la principal evidencia de esto se halla, curiosamente, en el sector popular más grande del país y de Latinoamérica: la parroquia Petare de Caracas, con una población de más de 440 mil habitantes, según estima el Instituto Nacional de Estadística. Allí se ha dado un fenómeno socioeducativo descubierto por la asociación civil Un estado de Derecho, tras una investigación de 2021 que involucró a más de 400 familias y más de 60 docentes. Se trata del brote de un orden educativo espontáneo, con decenas de Centros Pedagógicos Alternativos (CPA) organizados en las casas de educadoras.

    En estos lugares, cientos de estudiantes reciben atención a bajo costo fuera del horario escolar, para paliar los déficits de aprendizaje y de contenidos. No se trata solo del modelo de tareas dirigidas, que en efecto es ofrecido, sino también de “un reforzamiento del programa oficial y una atención pedagógica individualizada”, según apunta el estudio. Es un fenómeno que surge, como se lee, por la alineación positiva de incentivos tanto en padres, que quieren reforzar la educación de sus hijos, como en maestros, que tienen un deber vocacional ante la crisis y una necesidad de ingresos.

    Educarse bajo la visible mano del Estado-Parte II 1

    Para que esto se diera en un sector popular no hubo coacción o un impulso estatal. Allí, dos tercios de casi 800 estudiantes registrados pertenecen a escuelas públicas, sufriendo todos los déficits que se desarrollaron en la primera parte. Y pese a que se instruyen formalmente en planteles públicos, sus padres se muestran dispuestos a realizar un esfuerzo por proveerles de otro servicio de enseñanza. Según el estudio, cientos de familias invierten en promedio 4 dólares a la semana y 18 al mes, para garantizar la atención en estos centros. Y además, no se trata de algo surgido a raíz de la pandemia, pues un 50% de las más de 60 maestras en CPA habían comenzado antes de 2020.

    Con un fenómeno como este se desmontan dos mitos frecuentemente compartidos: que el gobierno ha reivindicado la educación de calidad en los sectores más desfavorecidos; y que la educación privada no es accesible para las familias de bajos recursos. Y tal como apunta Mariana Scolaro, abogada e investigadora en Un estado de Derecho, la razón de este orden espontáneo se explica por “la imposibilidad del Estado de ofrecer una opción educativa de calidad”. A su juicio, cuando el Estado interviene en la economía como prestador de servicios, ello causa “inevitablemente que tal servicio no rinda los mejores resultados posibles, porque no hay responsabilidad directa entre prestador y beneficiario”. Y esto se ilustra, como destaca, al ver que una escuela pública de bajo rendimiento sigue recibiendo el mismo financiamiento que otra de mejores resultados.

    Por ello es que los padres buscan alternativas de bajo costo para sus hijos, con la intención de proporcionarles un acompañamiento individualizado. De hecho, la ausencia de esa atención más personalizada es esta una de las falencias más graves del sistema, según lo reconoce la tesista de la Escuela de Psicología de la UCV, Ana Belén Fernández. “El programa se imparte considerando que todos los alumnos van al mismo ritmo, sin evaluar las habilidades específicas ni las diferentes inteligencias de cada uno”. Y esto, aunque se ignore, incide sobre el desarrollo de las competencias en los jóvenes: “El no aprovechar esas habilidades de cada estudiante puede repercutir en que luego se frustren, al no salir bien de acuerdo al marco en el que se les exige que lo hagan”, refiere.

    La libertad de escoger las áreas del conocimiento que más se quieran no es algo posible para los estudiantes venezolanos, y ello también refleja la poca apertura del sistema educativo hacia la diversidad de metodologías de enseñanza. Muchos estudiantes ven así atrofiadas sus habilidades, al tener que cumplir con los criterios uniformes concebidos desde el Ministerio de Educación.

    Además, la excesiva oferta de estudiantes por cada docente tampoco permite un abordaje particular, y esto es algo que viene por diseño estatal. Basta ver que las aulas de las escuelas y liceos públicos han tenido siempre capacidad para más de una treintena de alumnos, dejando a los profesores con poco margen para enfocarse en cada uno. Así lo certifica Dubraska Villalonga, quien es educadora de la UCV con experiencia en varias escuelas y colegios. “Los países con altos índices académicos, en términos de rendimiento escolar y calidad de enseñanza, deben tal éxito, en buena medida, a la existencia de un grupo reducido de estudiantes por cada docente”, destaca.

    Según señala, la media en esos sistemas educativos suele ser de un docente por cada 10 o 12 estudiantes. Ello resulta efectivo porque permite que el profesor “no solo aborde las necesidades individuales, sino también que brinde una atención directa en todas las áreas del desarrollo: motoras, cognitivas, emocionales y psicológicas”, explica Villalonga. Además, como insiste Ana Belén, el acompañamiento se hace primordial sobre todo en el área vocacional, para que cada joven descubra “las áreas del saber qué le gustan y los espacios donde podría aprovechar su potencial”.

    Pero en un contexto donde hay migración docente desde hace años, y donde el relevo generacional dista mucho de ser suficiente, la falta de profesores impide que hasta los colegios privados puedan atender a grupos pequeños. Según Villalonga, la inexistencia de incentivos económicos -promovida por el propio Estado-, es la principal razón de ese drama docente. Y si se buscan las causas de todos estos vacíos en el sistema educativo, seguramente se hallen razones en la intervención del Estado.

    El Estado en la educación
    “El orden educativo de Petare es prueba que los individuos son más que capaces de organizarse para proveer opciones educativas en sus comunidades, sin intervención del Estado”. Así lo afirma Mariana Scolaro, dando cuenta de la solución privada que surgió ante ese problema público. “Si hubiera que designar un rol para el Estado en la educación, tendría que ser el de facilitador de emprendimientos educativos, de modo que el marco regulatorio los condujese y los promoviese”, asegura. Hasta ahora, tal como se ha visto, el Estado se ha limitado a subsidiar masivamente la educación, pero ello se ha mostrado ineficiente y, además, ha sido politizado. Tal situación abona el terreno para que las soluciones estatales queden en segundo plano, sin implicar que el Estado desatienda el área educativa. Pero sí es cierto que podría cumplir sus obligaciones de otra manera.

    Una tendencia que ha ganado peso global en las últimas décadas está en el área del financiamiento, con el sistema de cheques escolares otorgados directamente a las familias para que los usen en educación. Se trata de un esfuerzo realizado con dinero público -porque el presupuesto educativo no desaparece-. pero usado para financiar la demanda del servicio y no la oferta, tal como explica Scolaro. Este sistema, defendido por el otrora Premio Nóbel de Economía, Milton Friedman, no solo garantiza que todos los jóvenes tengan acceso a la educación, sino que además amplía las opciones de los padres. “De esta manera, los centros de enseñanza estarían obligados a competir por la captación de alumnos, con lo cual se elevaría el nivel general de la enseñanza pública”, agrega también Rafael Alfonzo, en una monografía publicada por Cedice Libertad.

    O más allá del subsidio directo a las familias para el gasto educativo, el Estado también podría mejorar el modelo de educación subvencionada en sectores de pobreza estructural. Y no otorgando más dinero público, sino creando facilidades e incentivos para que el sector privado se involucre con aportes significativos. El caso emblema de lo que ha sido este modelo se halla en el convenio entre el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica, por medio del cual el gobierno da ayudas a colegios católicos en zonas vulnerables. Es gracias a eso que las familias ven reducidos los montos de sus aportes, facilitando su ingreso a la educación privada. Y a esta asociación es que pertenece, por ejemplo, la red de Fe y Alegría.

    Fundada en 1955, Fe y Alegría representa la más exitosa experiencia de educación de calidad a bajo costo en el país. Se trata de un esfuerzo privado, sostenido en alianza con el sector público, que hoy posee un total de 176 escuelas solo en zonas populares y vulnerables del país, según su sitio web. Su modelo educativo, basado en una “pedagogía liberadora y evangelizadora”, pone el énfasis en la formación integral, técnica y proactiva. Así han logrado impactar a más de 125 mil estudiantes venezolanos con el paso de las décadas, y se han expandido a otras regiones del mundo.

    Pero su modelo de educación subvencionada se ha vuelto poco sostenible en medio de la crisis, como reconoce el profesor Ricardo Rosal, hoy director encargado del Colegio Alianza Fe y Alegría, situado en Caracas. Según explica, “el mantenimiento y la sostenibilidad de los centros educativos dependen de dos partes: el Estado, que solo cubre los sueldos, y las familias, que se encargan del funcionamiento del plantel”. Por ende, las escuelas se han visto desprotegidas ante el cada vez más deficitario apoyo público y los duros condicionantes de la situación socioeconómica.

    No obstante, insiste Rosal, la red de Fe y Alegría ha tratado de paliar esa deficiencia a partir de tres ejes: el sector privado, que ha podido ayudar en la recuperación de los déficits de infraestructura; las “brigadas escolares”, organizadas por el gobierno y con participación de los concejos comunales y las fuerzas armadas, también para el mantenimiento de las instalaciones; y las alianzas entre las escuelas, para brindar atención nutricional y kits de alimentos a los docentes, al personal y a los alumnos. Se trata de esfuerzos que permiten subsistir, pero que no son sostenibles en el tiempo.

    Lo que definitivamente no debe hacer el Estado es incidir de forma parcializada en la educación, como ha hecho no solo recientemente sino ya desde el siglo pasado. No en vano, en una monografía editada por Cedice Libertad, Leandro Cantó reseña una investigación de Nelson Matamoros, donde éste expone el control discrecional en los planes y textos de la educación básica y media durante la década de los ‘80. “Los contenidos programáticos habían sido establecidos siguiendo criterios de adoctrinamiento ideológico, enfatizando los problemas del subdesarrollo y la dependencia, la marginalidad y el neocolonialismo del Centro versus los intereses de la Periferia”, se lee.

    Aun así, pese a la falta de promoción y de incentivos, son las iniciativas privadas las que hoy buscan llenar los vacíos del sistema educativo. Aunque tuvieron un inicio lento, su expansión ha estado ganando terreno en cada vez más escuelas y colegios, sobre todo privados. Y de esa alianza, que busca ofrecer un mejor servicio -en mayor medida, con el recurso de la tecnología-, es que ha brotado un enriquecedor orden espontáneo de ofertas educativas especializadas.

    Espacios de innovación privada
    La irrupción de la tecnología en educación abrió un sinfín de oportunidades para la innovación, la expansión y la accesibilidad, pero también para la comercialización. El negocio de la tecnología educativa, más conocido por su abreviatura EdTech (en inglés), constituye hoy un mercado global de miles de millones de dólares. Su impacto en la educación es cada vez mayor y abarca todos los niveles, sin dejar de lado la formación autodidacta. La firma HolonIQ, especializada en recolección de datos comerciales, proyecta que el ramo alcanzará un tamaño de mercado superior a los 400 mil millones de dólares para 2025. Y esta tendencia también tiene sus semillas en Venezuela.

    Educarse bajo la visible mano del Estado-Parte II 2

    Según la Asociación Venezolana de Capital Privado (Venecpital), el ecosistema EdTech en el país ya cuenta con más de una decena de startups (pequeñas empresas), tal como recoge el investigador Alejandro Vásquez en un reporte interno. Y aunque no todas tienen impacto directo en la educación escolar, sí son estas las de mayor crecimiento, ante las mejoras demandadas por el sistema. “La educación no ha cambiado casi nada en los últimos 20 años, y sin embargo los estudiantes de hoy son totalmente diferentes. ¿Cómo los preparamos para las cosas que ya están pasando si en la escuela no las ven?”, apunta Andrés Urquiola, CEO de la startup de educación financiera, Val-u.

    De hecho, como señala Urquiola, la educación presenta hoy algunas oportunidades de innovación que se pueden aprovechar gracias a la tecnología, de modo que la experiencia de aprendizaje esté centrada en el estudiante, sobre todo si eso implica que el proceso cognitivo trascienda el salón de clases. Ello a su vez deja ver la posibilidad de personalizar los procesos formativos, para considerar al estudiante en su individualidad, tal como lo demandaba antes la tesista de psicología Ana Belén.

    Dentro de las empresas del ramo EdTech que buscan esto, una de las que más proyección ha ganado es la referida Val-u, dedicada a la enseñanza de finanzas en escuelas y colegios. Presentes en el mercado desde 2019, lograron superar los obstáculos de la pandemia y la crisis para tener presencia en más de 20 planteles, según consta en su sitio web. Hoy por hoy, esta iniciativa privada ha tenido impacto directo sobre más de cuatro mil estudiantes, llenando un vacío histórico dentro del sistema educativo: el desarrollo de habilidades financieras. “Toda tu vida vas a estar relacionado con el dinero, y las escuelas no te enseñan cómo manejarlo de buena manera. Las finanzas son hábitos, y cultivarlas desde joven es lo que dará frutos al ser adulto”, explica Urquiola. Y para atender esto, diseñaron una plataforma online con múltiples recursos didácticos que facilitan el aprendizaje.

    Otro caso de éxito, aunque no se definen como parte del ecosistema EdTech, es el de Tecnikids, una empresa de origen guatemalteco que ingresó al mercado venezolano en 2019. Su enfoque está puesto en la enseñanza de robótica, programación e informática, y hoy tienen presencia en más de 30 planteles, con impacto en más de 15 mil estudiantes según su sitio web. Se trata de áreas que, como explica el director para Venezuela, José Balza, adquieren importancia cada vez mayor para adaptarse a los retos y empleos de la industria 4.0. “La robótica pedagógica es un concepto nuevo en Venezuela, y con ella podemos ofrecer algo distinto para que los jóvenes desarrollen destrezas en la creatividad, el pensamiento lógico, la experimentación y la resolución de problemas”, señala. Y esto lo hacen llevando la enseñanza a las escuelas o trayendo a los jóvenes a su academia.

    Estas dos iniciativas recién descritas forman parte de lo que Vladimir Chelminski, otrora director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, cataloga positivamente como “empresas de la educación”, en una monografía escrita para Cedice Libertad. Se trata de servicios educativos que surgen por la libre elección de sus creadores, y que benefician a todos los involucrados.

    Pero los espacios de innovación no se han abierto solamente al recurso tecnológico o a los fines de lucro. Un proyecto social que destaca en ese sentido es el de la fundación E-VEN Project, que se dedica a la enseñanza del inglés en comunidades con alto potencial turístico. Aunque desde 2019 solo han abarcado el archipiélago de Los Roques y el Parque Nacional Canaima, su incidencia ya cuenta con impacto en más de 160 niños y más de 70 adultos, según su sitio web. Esto lo hacen trasladándose a las comunidades con materiales propios y gracias al apoyo de donantes.

    Según comenta Emily Pinto, hoy voluntaria de la fundación, la idea surgió del joven médico de la UCV, Rafael Martínez, quien durante su último año de carrera completó en Los Roques el requisito de la medicatura rural. Ahí se dio cuenta de la deficiente situación educativa y del escaso manejo del inglés, pese a ser un sitio que recibe a miles de turistas cada año. Fue entonces que buscó apoyo de la Universidad Metropolitana para obtener un currículo adaptado demográficamente a la zona, y luego ganó un financiamiento inicial en la categoría Resolution Project del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, tras haber participado con la delegación de la UCV.

    Como señala Pinto, la falta de manejo en ese idioma representa una barrera que impide provechar el desarrollo turístico, y que limita así la diversificación de la economía nacional. “Los niños de estas comunidades rurales en Los Roques y Canaima, junto con sus familias, son el corazón de sitios turísticos con gran potencial. Un turismo protagonizado por personas de todo el mundo que usualmente se comunican en inglés”, añade. Esta es la necesidad que ellos lograron identificar.

    Un caso como este demuestra que las soluciones privadas también surgen por interés social, y no necesariamente por los fines de lucro. Además, ilustra que, ante la ineficiencia dejada por la toma centralizada de decisiones, la descentralización educativa y la flexibilidad curricular se presentan como un requisito para la innovación, la accesibilidad y la mejor solución de los problemas. “Todos aprendemos de maneras y a ritmos diferentes, así que la educación debería ser la que se adapte al individuo y no al revés”, destaca Urquiola, de Val-u. No significa esto que no haya un diseño curricular nacional, pero sí que los docentes puedan aplicar criterios reales de libertad, inclusión y autonomía, para producir resultados finales con menor disparidad entre los estudiantes.

    Además, la flexibilidad curricular haría más competitiva la oferta educativa de las escuelas, porque tendrían que esforzarse por incorporar los contenidos más demandados, o aquellos diferenciadores. Pero esos son los espacios de acción privada que todavía no se han terminado de abrir.

    Las reformas a la educación
    Muchos de los problemas que afronta la educación en Venezuela son ampliamente conocidos: al deficiente estado de infraestructura, sobre todo en planteles públicos, se suman la irregularidad de los servicios, problemas de conectividad, malas condiciones sanitarias, falta de aulas especializadas y déficit docente. Pero se trata de problemas claramente visibles, que no dan cuenta de su raíz de fondo: el modelo de sistema educativo, marcado por una fuerte presencia interventora del Estado.

    A juicio de Mariana Scolaro, de Un estado de Derecho, es claro que los problemas estructurales podrían ser atendidos con un cambio político, dado que “se requiere de la voluntad gubernamental para desregularizar y despolitizar la educación, en favor de un marco que promueva la libertad”. No obstante, como ella reconoce, las personas tampoco están ya en disposición de esperar más por ese cambio, porque las condiciones actuales demandan soluciones urgentes. “Los emprendedores educativos de Petare no esperaron a que hubiese una nueva voluntad política; ellos mismos se organizaron para proveer más y mejores alternativas en sus comunidades”, afirma Scolaro.

    Así como ellos, las escuelas y los colegios tampoco pueden esperar para hacer inversiones en el recurso de la tecnología, aunque esto se limita más a las de índole privada. Las escuelas públicas, al depender en su presupuesto del Estado, se ven en menor capacidad para emplear sus recursos con autonomía. Pero, de cualquier manera, se trata de un área que urge ser atendida. “La tecnología permite mejorar la experiencia y el proceso de aprendizaje, así que dejarla a un lado es un gran error para las instituciones educativas”, recalca José Balza, director de Tecnikids Venezuela.

    De igual forma, las escuelas tampoco pueden esperar para ofrecer un enfoque más centrado en el estudiante (personalizado). Después de todo, “educar no es simplemente impartir conocimientos; se trata de ayudar al estudiante a descubrir aquellas cosas que le gustan, a identificar las mejores maneras que tiene para aprender y a conocer sus fortalezas y debilidades”, explica la tesista de psicología, Ana Belén Fernández. Por eso mismo, a su juicio se tendría que permitir, desde edades tempranas, “que los estudiantes puedan escoger las áreas del saber que más les gustan, para que poco a poco vayan descubriendo su vocación”. Y esto a su vez demanda la capacitación continua de los docentes, que debe ser promovida e incentivada desde las propias escuelas. Solo así se podrá brindar una mejor atención a los estudiantes, con métodos, contenidos y herramientas al día.

    Casos como el de Val-u, Tecnikids o E-VEN Project ilustran que el mercado tampoco va a esperar por mejores condiciones para empezar a actuar. Estas iniciativas decidieron ingresar libremente al mundo educativo porque vieron oportunidades desatendidas. Y por ello, como afirma la educadora Dubraska Villalonga, “es más que necesaria una reestructuración de los diseños y los programas curriculares, porque el sistema se está quedando atrás y no hay quien responda ante eso”.

    Se requiere, en síntesis, de una renovación educativa total, que permita cambiar enfoques, adoptar innovaciones y actualizar contenidos. Y en ello el sistema puede nutrirse de iniciativas privadas que trasciendan el salón y el programa oficial. Pero es evidente que el tema del financiamiento no puede seguir bajo los mismos esquemas. De hecho, como diría Milton Friedman, el Estado puede cumplir con financiar la educación sin por ello involucrarse en la administración de las escuelas. Prueba de esto es el sistema de los cheques escolares antes referido, que además garantizaría el acceso a la educación para las familias por debajo de la línea de pobreza, tal como apunta Scolaro.

    Eso sí, no es algo exento de complicaciones, dado que implica “desmontar todo el financiamiento a la burocracia típica de los sistemas públicos de educación”, y ello supondría que algún grupo de funcionarios y trabajadores públicos perdería su poder sobre el ramo. Es muy evidente que estos grupos harían fuerte oposición, pero basta examinar si la burocracia facilita los procesos y dispone mejor de los recursos, o si por el contrario obstaculiza y crea incentivos para la corrupción.

    Ahora toma curso el año escolar 2022-2023, por primera vez totalmente presencial desde el inicio de la pandemia, y la realidad educativa parece querer sacudirse de a poco la injerencia estatal. Las soluciones privadas se han mostrado capaces de surgir en contextos poco favorables, y las mejoras tienen impacto directo en cada vez más jóvenes. Pese a que se trata de esfuerzos limitados, dan cuenta del interés privado por atender la educación, aún frente a la marcada dependencia estatal. Puede ser este un año de transición para el sistema educativo venezolano, que seguirá adoptando mejoras provenientes de la propia sociedad. Así, como cierra Scolaro, cuando haya ocasión para hacer los cambios estructurales, “los agentes encargados no tienen ni que formular un plan de recuperación, sino mirar con detalle lo que la sociedad ya ha implementado por cuenta propia”. Esa es la famosa invisible mano del mercado, ante el fracaso de la muy ostensible bota del Estado.

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